Los informes del Banco de Pagos Internacionales de Basilea —BPI/BIS— sobre inteligencia artificial dejan una conclusión relevante: el sector financiero debe elevar su capacidad tecnológica para detectar riesgos, supervisar pagos y proteger la estabilidad del sistema. La inteligencia artificial debe utilizarse con criterio control humano, calidad del dato, trazabilidad y seguridad.
Para los clientes afectados por fraude bancario digital, significa, que las entidades financieras no pueden esconderse detrás de controles obsoletos o respuestas automáticas cuando el fraude presenta señales claras de anomalía.
En una transferencia fraudulenta, un vaciado de cuenta, una operación no autorizada o una estafa mediante suplantación, el análisis debe ir más allá de una pregunta simple: “¿se introdujeron las claves?”. Las preguntas relevantes son otras:
- ¿era una operación habitual para ese cliente?
- ¿existían beneficiarios nuevos?
- ¿el importe era coherente con su historial?
- ¿hubo varias operaciones sucesivas?
- ¿se produjo una modificación repentina en el patrón de conducta?
- ¿el banco generó alertas internas?
- ¿se bloqueó preventivamente la operación?
- ¿qué hizo la entidad cuando el cliente comunicó el fraude?
- ¿conserva el banco trazabilidad suficiente de lo ocurrido?
Estas preguntas son esenciales porque el fraude bancario digital se mueve rápido. En muchos casos, el dinero sale de la cuenta, pasa por cuentas intermedias y desaparece en muy poco tiempo. La reacción temprana de la entidad puede ser decisiva.
La inteligencia artificial y los sistemas avanzados de análisis elevan el nivel de diligencia exigible a las entidades y éstas deben velar por su cliente y sus intereses patrimoniales co0n todos los medios a su alcance y de forma previa y preventiva.
Existen herramientas capaces de detectar anomalías, patrones sospechosos y operaciones incompatibles con el perfil del cliente, la entidad debe justificar cómo utiliza sus sistemas de prevención eso cambia la forma de reclamar del cliente. En LeyCiber analizamos cada asunto desde tres planos:
- jurídico, para determinar el régimen de responsabilidad aplicable;
- técnico, para identificar el vector de fraude y las anomalías operativas;
- probatorio, para preparar una reclamación sólida frente a la entidad.
El objetivo no es reclamar por reclamar. El objetivo es construir un caso defendible. La banca digital ha traído comodidad, velocidad y nuevos servicios. Pero también ha elevado los riesgos. Si el sistema financiero utiliza tecnología avanzada para operar, también debe utilizarla para proteger.
Y cuando no lo hace, el cliente tiene derecho a exigir explicaciones y mucho más.