La banca digital ha hecho que pagar, transferir dinero o contratar productos financieros sea más rápido que nunca. Pero esa misma velocidad también ha transformado el fraude. Hoy una estafa bancaria puede empezar con un SMS aparentemente legítimo, una llamada que simula proceder del banco, un enlace clonado, una falsa alerta de seguridad o una supuesta inversión urgente. En pocos minutos, el dinero puede salir de la cuenta, pasar por beneficiarios nuevos y desaparecer mediante circuitos difíciles de reconstruir.
Ante esta realidad, muchas entidades siguen contestando al cliente con una fórmula demasiado simple: “la operación fue autorizada”. Pero esa respuesta ya no basta.
El Banco de Pagos Internacionales de Basilea —BPI/BIS— ha advertido que la inteligencia artificial es ya una herramienta relevante para analizar datos, vigilar sistemas de pago, reforzar la supervisión financiera y detectar riesgos. El sistema financiero está obligado a situarse en la vanguardia tecnológica para identificar patrones anómalos, ello obliga a LeyCiber a mantenerse en la vanguardia del derecho tecnológico para defender los intereses de nuestros clientes.
Por eso, cuando un cliente sufre una transferencia fraudulenta, una suplantación o una operación no autorizada, la pregunta no debe ser únicamente si se introdujo una clave. La pregunta correcta es ¿Qué hizo el banco para detectar que esa operación no encajaba con el comportamiento habitual del cliente?
Hay señales relevantes: importes inusuales, beneficiarios nuevos, varias transferencias consecutivas, cambios bruscos de patrón, operaciones urgentes, horarios extraños o movimientos incompatibles con el historial de la cuenta.
Si la banca utiliza tecnología avanzada para operar más rápido, también debe utilizar tecnología adecuada para proteger mejor.
La encíclica Magnifica Humanitas, del Papa León XIV, aporta una idea que encaja perfectamente con este debate: la inteligencia artificial debe estar al servicio de la persona, no convertirla en un simple dato, perfil o expediente automatizado.
Aplicado al fraude bancario, esto significa que el cliente no puede recibir una respuesta mecánica cuando ha sufrido un perjuicio económico real. La entidad debe explicar qué controles aplicó, qué alertas existieron, qué análisis realizó y por qué permitió la operación.
En LeyCiber trabajamos estos casos desde una perspectiva jurídica, técnica y probatoria. No basta con reclamar formalmente, de forma idéntica una y otra vez, como por desgracia vemos todos los días, hay que generar un ecosistema que permita reconstruir el fraude, ordenar la documentación, identificar anomalías y exigir a la entidad una explicación concreta para un caso concreto.
La tecnología ha cambiado el fraude. También debe cambiar el nivel de diligencia exigible a quienes custodian el dinero de sus clientes.