La inteligencia artificial ya no es una cuestión futurista. Para el Banco de Pagos Internacionales de Basilea —BPI/BIS—, la IA se ha convertido en una herramienta relevante para la estabilidad financiera, la supervisión bancaria y la vigilancia de los sistemas de pago.
Esto tiene como consecuencia directa para los clientes afectados por fraude bancario digital que las entidades financieras ya no pueden analizar operaciones sospechosas con criterios antiguos, respuestas genéricas o controles meramente formales.
En su informe de 2024 sobre inteligencia artificial y economía, el BPI explicó que la IA puede afectar a la productividad, la inflación, el sistema financiero y la estabilidad económica. En 2025, con el informe sobre el uso de inteligencia artificial para fines de política pública, el BPI dio un paso más: bancos centrales, supervisores y reguladores deben utilizar IA para analizar riesgos, mejorar la supervisión y vigilar los sistemas de pago.
La posición del Banco de Pagos Internacionales de Basilea —BPI/BIS—, se resume: IA sí, pero con control humano, gobernanza del dato, trazabilidad, seguridad y responsabilidad.
En materia de fraude bancario, esto es especialmente importante. El fraude actual ya no se limita a una tarjeta robada o a una operación aislada. Hoy hablamos de phishing, smishing, llamadas falsas del banco, suplantación de identidad, accesos remotos, ingeniería social, wallets, exchanges, cuentas mula y movimientos rápidos de dinero entre distintas jurisdicciones.
Ante ese escenario, la respuesta de una entidad financiera no puede limitarse a decir que “la operación fue autorizada” o que “se introdujeron correctamente las claves”.
La cuestión relevante es ¿qué hizo el banco para detectar, prevenir y reaccionar frente a una operación anómala?, desgraciadamente la experiencia de LeyCiber nos permite concluir que muy poco. Una transferencia fuera del patrón habitual del cliente, un beneficiario nuevo, una operación urgente, varios movimientos consecutivos, un importe inusual o una conexión sospechosa pueden ser señales relevantes. Si existen indicios de fraude, la entidad debe poder explicar qué controles se activaron, qué análisis realizó y por qué no bloqueó o revisó la operación.
Los informes del BPI no son una norma que condene automáticamente a los bancos. Pero sí refuerzan una idea central: el estándar de diligencia en banca digital debe evolucionar conforme evoluciona la tecnología.
Si el propio sistema financiero internacional reconoce que la IA es necesaria para supervisar pagos, detectar riesgos y anticipar amenazas, las entidades financieras privadas no pueden tratar el fraude digital como un hecho imprevisible o inevitable.
En LeyCiber analizamos estos casos desde una perspectiva jurídica, técnica y probatoria. No se trata solo de reclamar. Se trata de reconstruir el fraude, identificar anomalías, examinar la actuación del banco y valorar si la entidad actuó con la diligencia exigible.
La tecnología ha cambiado el fraude y la forma de defender al cliente, en LeyCiber, siempre a la vanguardia del derecho tecnológico.
“La operación fue autorizada”:
por qué esa respuesta del banco puede ser insuficiente
Una de las frases más habituales en las reclamaciones por fraude bancario digital es esta: “la operación fue correctamente autorizada”. La entidad suele apoyarse en que se introdujeron claves, se validó desde la aplicación, se confirmó un código o se utilizó algún sistema de autenticación. Pero en muchos fraudes actuales esa explicación no resuelve el problema.
El fraude digital moderno no siempre consiste en romper el sistema informático del banco. Muchas veces consiste en manipular al cliente para que actúe bajo engaño: una llamada falsa, un SMS que aparenta ser del banco, una web clonada, un aviso urgente de bloqueo de cuenta o una supuesta inversión que exige actuar rápido.
En esos casos, la operación puede parecer formalmente validada, pero estar rodeada de señales objetivas de riesgo.
El BPI/BIS ha señalado que la inteligencia artificial puede ayudar a las autoridades financieras a analizar grandes volúmenes de datos, detectar riesgos y reforzar la vigilancia de los sistemas de pago. Si el propio sistema financiero internacional reconoce esa capacidad tecnológica, la respuesta de una entidad no puede limitarse a una frase genérica. El banco debe poder explicar el caso concreto. Debe aclarar si la operación era habitual para ese cliente. Si el beneficiario era nuevo. Si el importe era normal. Si hubo varias operaciones sucesivas. Si se generó alguna alerta. Si existió revisión humana. Si se bloqueó algo. Si se llamó al cliente. Si se reaccionó a tiempo cuando comunicó el fraude. La autenticación es importante, pero no agota la diligencia bancaria.
Una operación puede haber superado una validación formal y, aun así, ser claramente anómala. Y cuando hay anomalías, la entidad debe justificar por qué no actuó.
La encíclica Magnifica Humanitas recuerda que la inteligencia artificial no puede desplazar la responsabilidad humana. En el ámbito financiero, esta idea significa que una arquitectura tecnológica que afecte al patrimonio del cliente debe explicarse de forma comprensible. El cliente tiene derecho a algo más que una negativa automática. Tiene derecho a una respuesta individualizada, trazable y técnicamente suficiente.
En LeyCiber analizamos cada caso partiendo de la cronología real: cómo empezó el engaño, qué operaciones se hicieron, cuándo se avisó al banco, qué documentación existe y qué actuación tuvo la entidad antes, durante y después del fraude.
Porque en una reclamación bancaria digital, la diferencia no está solo en haber sido víctima. Está en poder demostrar por qué la actuación de la entidad fue negligente.