Anatomía de una reclamación ganada: así se recupera el dinero de una estafa bancaria, paso a paso

Los artículos jurídicos explican normas; este explica cómo se gana de verdad. Reconstruimos —con datos alterados por confidencialidad— el recorrido típico de una reclamación por estafa de inversión que termina en restitución.

Mes 1: la reconstrucción

Cliente de 60 años, 24 transferencias en siete meses hacia cuentas de cuatro países, 80.000 € perdidos en un falso bróker. Primer trabajo: reconstruir el circuito del dinero con extractos y justificantes, y certificar toda la conversación con los estafadores. Segundo: el perfil transaccional previo — quince años de nóminas y recibos sin una sola transferencia internacional. El contraste es la prueba.

Mes 2: la reclamación que no se puede ignorar

Burofax certificado al banco (válido como MASC): operaciones, importes, indicadores de anomalía que sus sistemas debieron detectar, jurisprudencia y propuesta concreta. El banco responde con su plantilla: «operaciones autenticadas». Exactamente lo que esperábamos — y lo que la STS 1671/2025 declara insuficiente.

Meses 3-4: presión institucional

Reclamación al Banco de España con el expediente completo. Paralelamente, denuncia penal que activa la trazabilidad de las cuentas receptoras: varias eran cuentas mula recién abiertas — otro indicador que el banco receptor no vigiló.

Meses 5-14: demanda y desenlace

Demanda de juicio ordinario contra la entidad: deficiencia del servicio, carga probatoria invertida, intereses y costas. Ante el señalamiento de la audiencia previa, la entidad propone acuerdo. Restitución sustancial del importe más intereses. Sin magia: método, prueba y la determinación de no aceptar el primer «no».

Sobre el autor

Juan Carlos Porras Menéndez, abogado ICAM n.º 44.320, CEO de LeyCiber

Juan Carlos Porras Menéndez — Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM n.º 44.320) y CEO de LeyCiber – Boutique Legal Tecnológica. Dirige reclamaciones frente a bancos y plataformas digitales en materia de fraude bancario, productos vinculados abusivos y conflictos tecnológicos.

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