Hay situaciones que explican mejor que cualquier estadística la distancia real entre la Administración de Justicia y el ciudadano.
Una de ellas ocurre cuando un profesional, un particular o cualquier contribuyente acude presencialmente a una sede judicial —por ejemplo, a los Tribunales de Instancia en Martos, Jaén— y descubre que el problema ya no es si el edificio está abierto o cerrado. El problema es más grave: está abierto, pero nadie atiende.
Y cuando alguien atiende, la respuesta no resuelve nada:
“Ese asunto lo lleva el compañero, pero hoy no está”. Fin.
Sin alternativa.
Sin información útil.
Sin derivación efectiva.
Sin constancia.
Sin solución.
Una sede pública no puede funcionar como una ventanilla sin responsabilidad. La Administración de Justicia no es una oficina privada donde el usuario pueda elegir no volver. Es un servicio público esencial. Quien acude a un tribunal no lo hace por comodidad, ni por capricho, ni por ocio. Acude porque tiene un procedimiento pendiente, un plazo en curso, una resolución que entender, una ejecución que impulsar, una personación que verificar, una actuación urgente que realizar o una situación jurídica que puede afectar directamente a su patrimonio, su libertad, su vivienda, su familia o su empresa.
Por eso resulta inaceptable que la atención dependa de que “esté el compañero concreto”.
Si en cada órgano existe una persona encargada de informar, esa función no puede convertirse en una ficción administrativa. La atención al ciudadano y a los profesionales no puede quedar suspendida por la ausencia de una persona determinada, especialmente cuando el asunto está en una sede pública, con expedientes públicos para las partes y con una organización que debería garantizar continuidad mínima.
La frase “eso lo lleva otro compañero” no puede ser el punto final de una gestión judicial.
Debe ser, como mínimo, el punto de partida para buscar el expediente, consultar el sistema, dejar nota, facilitar un cauce, indicar un plazo, remitir a quien corresponda o permitir que el profesional pueda cumplir su función.
El desprecio institucional no siempre se grita: a veces se formula con indiferencia
Lo más grave de estas situaciones no es solo la falta de información. Es el mensaje de fondo que se transmite.
Al profesional se le está diciendo que su tiempo no importa.
Al ciudadano se le está diciendo que su problema puede esperar.
Al contribuyente se le está diciendo que paga un servicio que, cuando lo necesita, puede no responder.
A la tutela judicial efectiva se le está colocando un obstáculo práctico que no aparece en ninguna ley, pero que opera todos los días: la indiferencia.
Ese es el verdadero desprecio.
No hace falta una mala palabra. No hace falta una negativa formal. Basta con una puerta abierta, un mostrador ocupado y una respuesta vacía: “no está quien lo lleva”.
Pero los procedimientos no son propiedad de un funcionario concreto. Los asuntos no son parcelas personales. Los órganos judiciales no pueden funcionar como compartimentos cerrados donde, si falta una persona, desaparece toda posibilidad de atención.
Profesionales y particulares también tienen derecho a una atención digna. Conviene recordarlo: abogados, procuradores, graduados sociales, peritos y demás profesionales no acuden a los juzgados en interés propio, sino en defensa de terceros. Su trabajo forma parte del engranaje de la Justicia.
Cuando un profesional se desplaza a una sede judicial y no obtiene ninguna respuesta útil, el perjuicio no se queda en el profesional. Se traslada al cliente, al procedimiento y al propio funcionamiento del sistema.
Y cuando quien acude es un particular, el daño es todavía más evidente. Para muchas personas, entrar en un juzgado ya impone respeto, inseguridad y preocupación. Si además reciben una atención fría, evasiva o inútil, la sensación es devastadora: el ciudadano percibe que la Justicia no está diseñada para él, sino contra él.
Ese efecto erosiona la confianza institucional.
Y una Justicia que pierde la confianza del ciudadano pierde legitimidad social.
La falta de atención también consume recursos públicos. Hay una idea que se olvida con demasiada frecuencia: no atender bien también cuesta dinero.
Cada desplazamiento inútil consume tiempo profesional, tiempo ciudadano y recursos económicos. Obliga a reiterar escritos, llamadas, consultas, comparecencias y gestiones.
Genera retrasos. Duplica trabajo. Aumenta la frustración. Alimenta quejas. Y convierte una gestión sencilla en una cadena de ineficiencias.
El contribuyente paga el edificio, el personal, los sistemas informáticos, la estructura administrativa y el funcionamiento ordinario de la sede judicial.
Por tanto, el contribuyente tiene derecho a exigir que esa estructura funcione.
No se está pidiendo un trato privilegiado. Se está pidiendo algo mucho más básico: que una sede judicial abierta preste una atención real.
La Justicia no puede esconderse detrás de la ausencia de una persona. Es comprensible que existan bajas, permisos, vacaciones, señalamientos, carga de trabajo o ausencias justificadas. Nadie discute eso.
Lo que no es aceptable es que la ausencia de una persona concreta paralice la atención mínima sobre un procedimiento.
Una organización pública seria debe prever sustituciones, accesos internos, protocolos de información y mecanismos de continuidad. Si un asunto solo puede ser explicado por una persona, el problema no es del ciudadano: es de organización.
Y si el ciudadano o el profesional acude presencialmente a una sede judicial, debe recibir una respuesta institucional, no una excusa organizativa.
La Administración no puede trasladar al usuario sus problemas internos de funcionamiento.
No todo retraso es inevitable; no toda mala atención es carga de trabajo. Durante años se ha normalizado una explicación automática: “los juzgados están saturados”.
Es cierto. Hay órganos judiciales con cargas objetivamente inasumibles. Hay funcionarios que trabajan con medios insuficientes. Hay profesionales dentro de la Administración de Justicia que sostienen el sistema con esfuerzo y responsabilidad.
Pero precisamente por eso hay que distinguir. Una cosa es la saturación estructural.
Otra cosa es la falta de atención.
Una cosa es no poder resolver inmediatamente un trámite complejo. Otra cosa es no ofrecer ninguna información útil.
Una cosa es tener exceso de trabajo.
Otra cosa es convertir al ciudadano en una molestia.
La carga de trabajo puede explicar retrasos. No puede justificar la indiferencia.
Una sede judicial debe transmitir autoridad, no abandono. Los tribunales son una expresión del Estado. No son una ventanilla más. En ellos se deciden derechos, responsabilidades, patrimonios, sanciones, medidas familiares, lanzamientos, ejecuciones, indemnizaciones y situaciones personales de enorme trascendencia.
Por eso, la atención en sede judicial debe estar a la altura de lo que representa.
Cuando el ciudadano se encuentra con una Administración inaccesible, evasiva o incapaz de ofrecer una mínima respuesta, no solo se deteriora un trámite. Se deteriora la imagen completa de la Justicia.
Y eso tiene consecuencias.
Porque después pedimos al ciudadano que confíe en el sistema, que respete los plazos, que cumpla las resoluciones, que comparezca cuando se le cite, que pague tasas, impuestos, procuradores, abogados, desplazamientos y costes derivados de defender sus derechos.
Pero cuando ese mismo ciudadano acude a la sede judicial, muchas veces recibe una respuesta que transmite lo contrario: que su tiempo, su preocupación y su expediente importan poco.
La atención al público no es cortesía: es servicio público. Atender correctamente no es un favor.
Informar mínimamente no es una concesión.
Orientar sobre el estado de un asunto no es una molestia. Facilitar el acceso a quien está personado no es un privilegio.
Es servicio público.
Y el servicio público debe prestarse con profesionalidad, continuidad y respeto.
La Administración de Justicia no puede exigir solemnidad hacia fuera y funcionar con informalidad hacia dentro. No puede exigir precisión procesal a los ciudadanos y ofrecer respuestas imprecisas desde el mostrador. No puede sancionar errores de plazo, forma o comparecencia y, al mismo tiempo, permitir que quien acude a informarse no obtenga ninguna atención efectiva.
Martos en Jaén, España y cualquier sede judicial: el problema no es local, es estructural. Lo ocurrido la semana pasada en una sede concreta (Martos) puede ser el síntoma de un problema mucho más amplio.
No se trata de señalar a una persona determinada. Se trata de denunciar una actitud administrativa que se repite en demasiados lugares: sedes abiertas formalmente, pero cerradas en la práctica para quien necesita una respuesta.
Una Justicia moderna no se mide solo por expedientes digitales, sedes electrónicas o reformas procesales. Se mide también por algo mucho más simple: qué ocurre cuando un ciudadano entra por la puerta y pregunta por su asunto.
Si la respuesta es “no está quien lo lleva”, sin más, la modernización es una fachada.
Conclusión: una Justicia abierta debe atender. La Administración de Justicia debe recuperar una idea elemental: quien acude a un tribunal merece ser atendido.
No necesariamente con la solución inmediata. No necesariamente con la respuesta que desea. No necesariamente con acceso ilimitado a todo.
Pero sí con respeto, diligencia, información mínima, responsabilidad organizativa y voluntad real de servicio.
Porque detrás de cada expediente hay una persona. Detrás de cada profesional hay un cliente.
Detrás de cada gestión hay tiempo, dinero y derechos.
Y detrás de cada sede judicial hay contribuyentes que sostienen el sistema.
Una sede judicial que está abierta pero no atiende no está cumpliendo plenamente su función. Está escenificando una Justicia disponible solo en apariencia.
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